La reforma de la ciudadanía italiana, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni y sancionada a través de la Ley 74/2025, introdujo severas restricciones al acceso a la ciudadanía por descendencia. Pero también incluyó una cláusula que generó expectativas: la creación de permisos de residencia y trabajo para descendientes de italianos. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué se sabe hasta ahora?
Una promesa que aún no se concreta
Durante el debate parlamentario que modificó el reconocimiento de la ciudadanía italiana iure sanguinis, el gobierno italiano prometió una compensación para los miles de descendientes que quedarían excluidos: la posibilidad de acceder a un «permesso di soggiorno» (permiso de residencia) con derecho a trabajar legalmente en Italia
La medida apuntaba a los descendientes de italianos nacidos en países con fuerte presencia migratoria italiana, como Argentina, Brasil o Venezuela. Sin embargo, desde su anuncio, no se conocieron detalles sobre cómo se implementaría.
¿Qué se esperaba?
La enmienda, incluida en la Ley 74/2025, preveía que el Ministerio de Asuntos Exteriores publicaría un listado de países beneficiarios y abriría un procedimiento específico para solicitar estos permisos. Pero hasta el momento no hay ninguna resolución ni norma reglamentaria que lo concrete.
En otras palabras: es una promesa que todavía no tiene validez práctica.
¿Qué generó la confusión?
En agosto, el gobierno publicó el «atto del governo 286», que regula los cupos anuales de permisos de residencia y trabajo para el trienio 2026-2028. El texto detalla cuántos cupos se otorgan por categoría: trabajo subordinado, trabajo autónomo, inversiones, asistencia familiar, etc.
Dentro de ese esquema, se reservaron solo 50 permisos por año para hijos de italianos nacidos en el extranjero. Incluso se aclaró que 10 serían para venezolanos, sin mención al resto de América Latina.
Esto desató una fuerte polémica. Muchos interpretaron que esos 50 permisos eran los únicos cupos previstos para todos los descendientes de italianos, lo que fue rápidamente desmentido por representantes del gobierno. Los permisos prometidos en la Ley 74/2025 serían parte de una categoría aparte, aún no reglamentada.
¿Qué dicen los críticos?
Diputados de la oposición, como Fabio Porta, calificaron la cifra de «ridícula» y «ofensiva», recordando que hay más de 80 millones de ítalo-descendientes en el mundo. También apuntaron que el gobierno usó esta promesa para desactivar el rechazo masivo que provocó la reforma de la ciudadanía.
La falta de precisión alimenta las dudas: no se sabe cuántos permisos se otorgarán, ni si efectivamente se cumplirá lo que se prometió.
¿Qué podemos esperar?
A más de siete meses de la aprobación de la ley, el gobierno italiano no ha emitido normativa alguna que explique el mecanismo para solicitar estos permisos. Tampoco definió los criterios, ni los países que quedarían incluidos.
Hoy, los descendientes de italianos que fueron excluidos de la ciudadanía por la nueva legislación no tienen una vía legal concreta para solicitar residencia o trabajo bajo este supuesto.
Conclusión
Italia cerró la puerta a millones de descendientes con la Ley 74/2025. Y aunque dejó una ventana abierta con la promesa de permisos de residencia, esa puerta —por ahora— sigue cerrada.
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